Los 21 países restantes que ha analizado ATA registraron en los seis primeros meses del año pérdidas en cuanto al número de autónomos. En el caso de España, la pérdida registrada se situó en el -3%, pérdida únicamente superada por ocho países: Luxemburgo (-9,5%), Croacia (-8,1%), Bulgaria (-6,1%), Islandia (-5,9%), Portugal (-5,8%), Bélgica (-4,5%), Dinamarca y Letonia, ambas con un descenso de autónomos del -4%.

Autónomos empleadores

Al estudiar el comportamiento de los autónomos empleadores en la Unión Europea, se comprueba como siguen el mismo comportamiento que el total de autónomos (empleadores y no empleadores), donde únicamente once países ven crecer el número de autónomos que tienen, al menos, a un trabajador a su cargo. De nuevo, frente al crecimiento medio de la UE (+0,3%, 31.300 autónomos empleadores más al cierre del primer semestre), en España vuelven a registrar un importante descenso del -6%, lo que en términos absolutos se traduce en 60.500 empresarios con asalariados menos.

De nuevo, varios de los países de nuestro entorno vuelven a registrar crecimientos: Alemania (+7,4%), Suiza (+5,9%), Austria (+3,7%), Italia (+0,9%). Sin embargo, las cifras arrojadas por Bélgica (-8,4%), Reino Unido (-4,7%), Portugal (-4,6%), Grecia (-3,6%), Holanda (-1,4%) y Francia (-0,2%) fueron negativas, con pérdidas de afiliación de autónomos empleadores, lo que pone de manifiesto que la actual crisis está afectando a muchos de los países de nuestro entorno.

Autónomos no empleadores

ATA también realiza la evolución de los autónomos que no tienen empleados a su cargo a lo largo de los seis primeros meses del año. De ello, se comprueba como este colectivo registra un mejor comportamiento que el de los empleadores, y son 17 de los 32 países analizados los que logran registrar crecimientos.

Sin embargo, mientras en que el total de la Unión Europea los autónomos no empleadores aumentan en 330.500 nuevos emprendedores (+1,2%), en España descienden un 1,4%, lo que significa 27.600 trabajadores por cuenta propia menos.

Prácticamente todos los países de nuestro entorno -salvo las intervenidas Grecia (-2,1%) y Portugal (-6,2%)- lograron cerrar el semestre en registros positivos: Italia (+4,8%), Suiza (+4,5%), Francia (+2%), Luxemburgo (+1,8%), Alemania (+1,5%), Austria (+1,5%), Irlanda (+0,3%) y Reino Unido (+0,1%)

En España, los autónomos representan el 15,6% de la población ocupada

Del total de población ocupada a 30 de junio en los 32 países de referencia, el 15,9% son trabajadores por cuenta propia. Por primera vez España se sitúa por debajo de esa media, donde los autónomos representan el 15,6% del total de población ocupada: de los 18.303.000 trabajadores con los que cuenta España al cierre del primer semestre de 2011, únicamente 2.858.400 son autónomos.

Superando la media europea se situaron Grecia, donde los autónomos representan el 30,8% de su población ocupada, Turquía (24,6% del total de ocupados), Italia (23,8%), Portugal (20,5%), Rumania (20%), Croacia (19,1%), Polonia (19%), República Checa (17,3%), Chipre (16,6%) e Irlanda (16,2%), situándose el resto de los países por debajo de la media europea.

La menor proporción de trabajadores autónomos respecto al total de población ocupada la registran Noruega (6,9%), Luxemburgo (7,8%), Dinamarca (8,7%), Estonia (8,5%), Lituania (9,1%) y Letonia (9,8%), países en donde los autónomos no alcanzan el 10% del total de la población ocupada.

España concentra al 7,1% de los autónomos europeos

De los 39.983.100 trabajadores por cuenta propia registrados en Europa, únicamente tres países concentran a uno de cada tres (39,9%) de los autónomos de toda Europa: Turquía (6.020.000 autónomos, 15,1% del total), Italia (5.494.800, 13,7%) y Alemania (4.430.500, 11,1% del total).

España, por su parte, concentra al 7,1% de los autónomos europeos. De los 32 países analizados, los que menor peso tienen, en cuanto al número de trabajadores por cuenta propia son Luxemburgo (0,04%), Islandia (0,1%), Estonia (0,1%), Malta (0,1%), Chipre (0,2%), Letonia (0,2%), Lituania (0,3%), Eslovenia (0,3%) y Noruega (0,4%), donde los autónomos no alcanzar el 0,5% del total de la Unión Europea.

Desde hace varios meses, editoriales, artículos y libros pusieron sobre el tapete los temas del proteccionismo, la salida del euro y la desmundialización (1). Los argumentos esgrimidos con mayor frecuencia remiten a la naturaleza de la crisis que vive el capitalismo, el marco de regulación necesaria y la cuestión de la soberanía democrática.

Un modelo de desarrollo colapsado.

Desde comienzos de los años 80, las estructuras del capital se construyeron de manera tal que producían la máxima rentabilidad de las inversiones financieras –la “creación de valor para el accionista”–, mientras se orquestaba sistemáticamente la desvalorización de la fuerza de trabajo. Ésta permite aquélla, a medida que la libertad de circulación de la que gozaban los capitales posibilitó la competencia de los sistemas sociales y fiscales. Eso es lo que expresa el eufemismo “mundialización”: la reorganización del capitalismo a escala mundial para remediar la crisis de la tasa de ganancia que hacía estragos en la bisagra de los años 60-70, el triunfo de las clases dominantes cuyos activos financieros priman sobre los salarios y la obligación para las estructuras de regulación de someterse en adelante a las exigencias de los mercados.

Dos décadas bastaron para derribar este andamiaje: desde mediados de la década de 2000, la tasa de ganancia dejó de crecer en Estados Unidos y el crédito acordado a los pobres para paliar la insuficiencia de los salarios ya no bastó para absorber la superproducción industrial. El efecto se propagó a la velocidad de la circulación de los capitales.

La crisis no es una suma de dificultades nacionales (griega, irlandesa, portuguesa, española, etc.) que se desencadenaron sólo como consecuencia de problemas específicos internos de cada uno de los países, y sobre los cuales cabría preguntarse por qué se manifestaron simultáneamente. Esta crisis es ante todo la de un capitalismo que llegó a la “madurez” mundial, y cuya lógica de creación de valor para el accionista fue llevada a su paroxismo, puesto que todo estaba destinado a convertirse en mercancía, desde la producción de bienes y servicios básicos hasta la salud, la educación, la cultura, los recursos naturales y el conjunto de personas.

La mundialización no se reduce pues al libre intercambio de mercancías, es decir, a su circulación. Las finanzas por las finanzas mismas fueron alcanzadas por la ley del valor, es decir, por una doble exigencia hoy indisociable: revalorizar el trabajo que no es presurizable hasta el infinito, por un lado; hacerlo sobre una base material que se degrada o se enrarece (2). En la crisis financiera subyacen pues la superproducción capitalista y el callejón sin salida de un modelo de desarrollo.

Uno de los principales argumentos de los partidarios de izquierda de la desmundialización consiste en imputar a la mundialización la destrucción de empleos y la desindustrialización de los países ricos. “Hasta mediados de los años 90 –señala Jacques Sapir–, el aumento de la productividad en los países emergentes no era capaz de modificar las relaciones de fuerza con respecto a los países dominantes. En cambio, desde mediados de los años 90, se observa un aumento de la productividad muy importante en países como China o en Europa del Este. Desde entonces, sectores enteros de actividades abandonan los países industrializados” (3). No hay mejor manera de decir que la degradación de la relación de fuerzas entre la clase dominante y los asalariados en los países industrializados es anterior, por lo menos quince años, al surgimiento de China.

Tomando sólo el ejemplo francés, durante la década del 80 se produjeron el deterioro de la porción salarial en el valor agregado (aproximadamente cinco puntos de valor agregado bruto de las sociedades no financieras con respecto a 1973 y alrededor del doble con respecto a 1982) (4) y el aumento del desempleo. Los niveles alcanzados (muy bajos para la porción salarial y muy altos para el desempleo) no se modificarán realmente más adelante, salvo durante el corto período de 1997 a 2001. Resulta exacto decir pues que la competencia de las fuerzas de trabajo que se acentuó durante los últimos años fortaleció la posición adquirida por los sectores más pudientes; pero es inexacto atribuir a los países emergentes la principal responsabilidad del deterioro salarial en los países capitalistas avanzados.

Finalmente, la violencia de clase del neoliberalismo se traduce en el seno de los países ricos en una distribución capital/trabajo favorable al primero y en una modificación de la distribución interna de la masa salarial (los altos salarios obtienen aumentos muy fuertes, especialmente porque incorporan elementos de remuneración del capital como las stock options). Este segundo aspecto está al menos relacionado tanto con la posición social que ocupan los altos directivos de las empresas, debido a sus competencias técnicas, como con el dumping social exterior del que son víctimas los asalariados de la escala más baja.

De ahí la prudencia teórica necesaria para evitar que un conflicto de clases se transforme en un conflicto de naciones, prudencia que Lordon teme esté “condenada a la inanidad” ya que, según él, “las estructuras de la mundialización económica colocan (a los trabajadores chinos y los trabajadores franceses) también y objetivamente en una relación de antagonismo mutuo, contra el cual ninguna negación podrá hacer nada” (5). De hecho, la solución proteccionista establecería una preeminencia del antagonismo de naciones sobre el de clases. Ahora bien, la naturaleza sistémica de la crisis capitalista mundial remite a la relación social fundamental del capitalismo y pone en duda la capacidad de las poblaciones para salir de ésta a través de un camino nacional.

Salvo muy raras excepciones (como Ecuador con la cuestión de la deuda, por ejemplo), los Estados se encargan de hacer pagar la crisis a las poblaciones; tal es el objetivo fundamental unificador de las clases dominantes. Ningún gobierno quiere ni puede correr el riesgo de asumir las consecuencias de un incumplimiento de las deudas soberanas que podría propagarse desde el momento en que se soltara el primer eslabón. Todos condenan así sus economías a la recesión. Por otra parte, la mundialización no sólo es comercial y financiera; es también productiva, al punto que los grandes grupos multinacionales se preocupan poco por la evolución económica nacional (6). La cuestión de los espacios pertinentes de regulación y de lucha contra la crisis es pues crucial.

Soberanía, regulación y cooperación.

¿Debe fustigarse la “quimera” (7) de las instituciones internacionales fuertes? Sí, si se trata de rechazar el cliché de la “gobernanza mundial” o de condenar las tergiversaciones y los fracasos de los G8, G20 y otros conciliábulos de los gobernantes dominantes. Pero hay un problema a resolver: el de la construcción de una regulación mundial. El período que citan como ejemplo los partidarios de izquierda de la desmundialización es además el de la posguerra marcado por la regulación de tipo keynesiano inaugurada en Bretton Woods.

Dos hechos decisivos muestran la urgencia de una regulación, sin esperar que el capitalismo sea abolido o simplemente restringido. El primero recae sobre la agricultura, que hoy se caracteriza por la desregulación del intercambio agrícola en todos los niveles, que tiene como consecuencia la captación en los países del Sur de las mejores tierras para los cultivos de exportación en detrimento de los cultivos para consumo interno, la caída de la demanda efectiva y la extrema volatilidad de los precios básicos mundiales. ¿Cómo es posible imaginar que cada país pueda encontrar una relativa autonomía y ver así instaurarse una soberanía alimentaria si los mercados agrícolas no son rigurosamente encuadrados a escala mundial para liberar los productos agrícolas y, más aun, todas las materias primas, de la influencia de la especulación y los riesgos del mercado? (8).

El segundo hecho atañe a la lucha contra el recalentamiento climático que concierne a todo el mundo. Ahora bien, hasta el momento, los fracasos de las negociaciones después de Kyoto, en Copenhague en 2009 y Cancún en 2010, se debieron esencialmente a los conflictos de intereses entre los Estados más poderosos, prisioneros de su obediencia a las exigencias de los lobbies y grupos multinacionales. El surgimiento de una conciencia ciudadana para la salvaguarda de los bienes comunes, dotada de una visión global, puede influir en estas negociaciones, por ejemplo, a través del llamado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, por iniciativa del gobierno boliviano en abril de 2010.

Además, tanto la agricultura como el clima revelan la imperiosa necesidad de cambiar radicalmente el modelo de desarrollo subyacente a la mundialización capitalista. Este aspecto es a veces ignorado por los partidarios de la desmundialización que tienen como principal referencia el modelo fordista nacional, desde luego mejor regulado que el modelo neoliberal, pero que generó un productivismo devastador. Nos enfrentamos pues a la definición del lugar donde puede ejercerse la soberanía democrática.

¿Cómo plantean el problema los partidarios de la desmundialización? “Independientemente de lo que se piense, la solución de la reconstitución nacional de soberanía impone su evidencia porque tiene sobre todas las demás el gran mérito práctico de estar allí, inmediatamente disponible, evidentemente a través de las transformaciones estructurales que la tornan económicamente viable: proteccionismo selectivo, control de los capitales, supervisión política de los bancos; todas cosas perfectamente realizables, siempre que se lo desee”, escribe Frédéric Lordon (9). Estos tres niveles de transformaciones estructurales son totalmente pertinentes. Lo que genera problemas es “la evidencia”, lo “inmediatamente disponible”, lo que “ya está ahí”, mientras que el proceso de mundialización tuvo como principal consecuencia vaciar la democracia de su sustancia para confiar las llaves de la casa común a los mercados financieros.

Por lo tanto, la extrema dificultad que los pueblos deben superar es reconstruir totalmente su soberanía y no simplemente reactivarla. La tarea debe realizarse tanto a nivel nacional como, en lo que respecta a los europeos, a nivel regional, dado que el enfrentamiento con las fuerzas del capital ya no se produce únicamente a nivel nacional, ni siquiera quizás principalmente. La contradicción a superar se debe a que si bien la democracia aún se expresa, sobre todo a escala nacional, las regulaciones y transformaciones que deben realizarse, especialmente ecológicas, se sitúan más allá de las naciones; de ahí la importancia de la creación progresiva de un espacio democrático europeo. Al no ser la crisis una suma de crisis nacionales, no habrá una salida nacional de la crisis.

Una transformación radical.

Queda entonces la cuestión de saber por dónde comenzar el trabajo de deconstrucción del capitalismo neoliberal. A corto plazo, y de manera urgente, declarar ilegítimas la mayoría de las deudas públicas y anunciar que no serán honradas, decidiendo a escala europea los países prioritarios, teniendo en cuenta sus dificultades. Basar estas decisiones en una auditoría general de las deudas públicas. Proceder a la socialización de todo el sector bancario europeo. Y restaurar una fuerte progresividad de la fiscalidad. No existe al respecto ninguna imposibilidad práctica; sólo falta la voluntad política de “la eutanasia de la renta” (Keynes) mediante su eliminación (10).

A mediano y largo plazo, el proceso que debe iniciarse es el de la transformación radical del modelo de desarrollo en un sentido no capitalista. La destrucción de las actuales estructuras de las finanzas es el primer paso que la prohibición de las transacciones de mutuo acuerdo y de los productos derivados y la tributación de las restantes transacciones financieras podrían llevar a cabo. Pero, además, es indispensable la estricta delimitación del espacio mercantil gobernado por la búsqueda del beneficio para que puedan desarrollarse actividades no mercantiles u orientadas a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones preservando el equilibrio ecológico.

¿Qué nombre darle a todo eso? Las protecciones que son necesarias (del derecho laboral, la seguridad social, la naturaleza…) no constituyen necesariamente un sistema proteccionista. La idea de selectividad de los sectores que deben “desmundializarse” o, por el contrario, universalizarse, es sin dudas más difícil de implementar, pero ofrece las ventajas de señalar los verdaderos objetivos que deben alcanzarse, esbozar una bifurcación socio-ecológica de las sociedades y construir paso a paso una cooperación internacional digna de ese nombre. Éste es el mensaje del altermundialismo, que no abandona en absoluto la crítica a la mundialización, sin por ello creer pertinente su aparente opuesto.

Esto hará que se retraiga el consumo, la principal causa del desplome de la recaudación del IVA en el último año, y sea difícil que con el alza de este impuesto, que entra en vigor el próximo jueves, el Gobierno cumpla su objetivo de recaudar 5.150 millones de euros anuales, según explicaron los técnicos en rueda de prensa.

A partir de este jueves, cuando el IVA general suba al 18% y el reducido, al 8%, según los cálculos de Gestha, Hacienda obtendrá más ingresos principalmente gracias a la actividad de 3.249 grandes empresas, que aportarán casi el 60% de la recaudación adicional. Y todo ello, advirtieron, en un país que, después de Grecia, es el de la zona del euro que menos rendimiento extrae del IVA, ya que en 2009 de cada 100 euros destinados por los hogares a consumo privado, Hacienda sólo recaudó 6,4 euros con este impuesto, cuando hace dos años, recaudaba tres euros más.

Por eso, Gestha rechaza en un informe sobre el impacto de las crisis en la recaudación por IVA, que el frenazo inmobiliario o la recesión hayan sido los causantes del desplome de la recaudación de más de 23.000 millones entre 2007 y 2009.

El “parón” inmobiliario, dijeron, sólo justifica una pérdida de los ingresos por IVA del 10 por ciento, por lo que creen que ha sido más determinante “la evasión fiscal y la eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude”. Un esfuerzo clave si se tiene en cuenta que, según las cifras de los técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros anuales, el 23,3 por ciento del PIB y diez puntos porcentuales por encima del resto de Europa. De hecho, explicaron que si en España las cifras de economía sumergida fueran “similares” a las del resto de Europa, se podrían recaudar anualmente unos 38.500 millones.

España, criticaron, es “un balneario fiscal” para los que “nunca pagan”, por eso, insistieron en que hay que conseguir que paguen los que nunca lo hacen en un país en el que parece que “los que más defraudan, están impunes”.

En cuanto al caso de las 1.500 fortunas españolas con cuentas en Suiza, los técnicos insistieron en el “doble rasero” por el trato que reciben estos titulares frente al resto de contribuyentes españoles. En su opinión, “se les está dando una segunda oportunidad para que presenten las declaraciones cuando va a vencer el plazo para la declaración de la renta y (por tanto) no va a dar tiempo de realizar investigación sobre ellos”.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno decida modificar el IRPF, los técnicos de Hacienda consideraron que posiblemente el Ejecutivo aún no haya tomado una decisión en firme porque estará viendo los acuerdos que necesita alcanzar para los próximos presupuestos.

Por eso, las declaraciones en las que el secretario de Economía, Carlos Ocaña asegura que habrá “pequeños ajustes” son “posiblemente una estrategia para recabar los votos que necesita para esos presupuestos”, añadieron los técnicos de Hacienda.

Se trata de sondear el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes o de la izquierda parlamentaria, por eso, dijeron, “esta gran demora frente a los ejecutivos autonómicos que ya han optado por subidas del IRPF”.

Gestha reprocha que la “normativa tan laxa” de España con los que tienen (mucho) dinero e insta a subir al 45 o al 46% la retención para las rentas superiores a 100.000 euros.

Proponen además que se prohíban las ventas en posiciones cortas contra la deuda pública española, ya que suponen un sobrecoste en la financiación del Estado superior a los 1.400 millones de euros.

También abogan por aumentar cinco puntos el tipo impositivo de 300 entidades bancarias para recaudar 1.400 millones al año, recuperar el Impuesto de Patrimonio para obtener 1.240 millones o modificar la ley española de Instituciones de Inversión Colectiva.

El primer ministro chino, Wen Jiabao, rechazó las críticas de que China mantiene su moneda subvaluada a fin de impulsar las exportaciones.

Al final de la sesión parlamentaria anual china, Wen dijo que mantener la estabilidad del yuan fue “una importante contribución” a la recuperación global de la crisis económica.

El premier también aseguró que las recientes tensiones en las relaciones con Estados Unidos eran por culpa de Washington, haciendo referencia al reciente acuerdo de venta de armas a Taiwán y una visita del Dalai Lama a la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa en Beijing, Wen negó que la moneda china, el yuan — también conocido como renminbi—, esté infravalorado.

Legisladores estadounidense y grupos de comercio habrían asegurado que el yuan se mantiene hasta 40% por debajo de lo que debería ser su valor frente al dólar estadounidense.

En declaraciones que publica mañana el diario “Handelsblatt”, Stark opinó que un Fondo Monetario Europeo sería incompatible con la Unión Monetaria, crearía un estímulo falso y dañaría los países con finanzas públicas sólidas.

Un Fondo Monetario Europeo “minaría la aceptación pública del euro y de la Unión Europea”, advirtió Stark, miembro del comité ejecutivo del BCE.

Según medios de comunicación alemanes, el titular de Finanzas, Wolfgang Schäuble, está elaborando junto con Francia propuestas concretas para crear un Fondo Monetario Europeo cuyo objetivo sería evitar en el futuro crisis como la actual de Grecia.

Un portavoz del Ministerio alemán de Finanzas informó hoy de que el ministro presentará “próximamente” sus ideas, que pretende coordinar sobre todo con Francia, “el principal socio en la UE”.

La misma fuente subrayó que la idea de Schäuble es crear una institución con la experiencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con una capacidad de actuación analógica.

Durante su intervención en el XXVIII Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), González explicó que la dificultad de las inmobiliarias para afrontar los 15.000 millones de intereses asociados a su deuda está generando un proceso de refinanciaciones complicado, en el que resulta cada vez más difícil aceptar como dación en pago unos activos cuyo valor sigue cayendo.

Según dijo, la deuda de las inmobiliarias afecta a la calificación crediticia de las entidades (“rating”), con las consecuencias que ello tiene sobre la liquidez de un sector financiero que todavía no ha recuperado del todo la liquidez.

“La presión del crédito hipotecario es muy fuerte, afectando a la viabilidad de las entidades”, aseguró González, quien se mostró partidario de “salvar” y dar viabilidad al sector inmobiliario, pero siempre que éste asuma el compromiso de cumplir con la deuda adquirida y sin pretender hacer “borrón y cuenta nueva”.

En este sentido, señaló que una parte “muy importante” de los recursos que se van a destinar a la reestructuración del sistema financiero se dedicará a aligerar “la presión del crédito inmobiliario”, determinando qué volumen es “soportable” por las entidades financieras.

A su juicio, el futuro del sector inmobiliario pasa por empresas solventes y con capital, que no dependan tanto de las entidades financieras, pero también requiere poner en valor un activo tan “altamente improductivo” como es el suelo y que constituye la base de muchas de estas empresas.

Esta tarea requiere un diálogo en el que, además de empresas y entidades financieras, tiene que estar implicado el Gobierno, el Banco de España y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

“El futuro no es mucho mejor de lo que hemos vivido durante estos dos años de crisis”, dijo el presidente de la AHE, para quien “vender unas pocas casas más” no va a solucionar el problema financiero de unas inmobiliarias que no pueden continuar achacando “todos sus males” a bancos y cajas de ahorros.

Esos 26.531 emprendedores extranjeros casi triplican al número total de autónomos que se dieron de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

Si se tienen en cuenta todos los regímenes de la Seguridad Social, este organismo perdió en 2009 un total de 90.585 trabajadores, de los que 26.531 era autónomos, lo que representa casi uno de cada de tres (un 29,3%) del total.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron las únicas que en 2009 registraron crecimientos en las afiliaciones de los trabajadores por cuenta propia (20 más, hasta 588, el 3,5% más).

En el lado opuesto se situó Castilla La Mancha, que lideró la pérdida de emprendedores (1.983, lo que supone un descenso del 27,1%), seguida de Aragón (1.701, un -22%), La Rioja (391, un -22%) y Cantabria (363, un -21,6%).

También casi duplicó la media nacional, Castilla y León (1.293 menos, un -18,8%).

En el caso de Madrid, el descenso de las afiliaciones de autónomos fue del 15,5% (6.121), en del de la Comunidad Valenciana del 14,6% (4.850), en el de las Islas Baleares del 10,5% (1.436) y en el de Asturias del 9,3% (199).

También por debajo de la media nacional estuvieron las caídas de Navarra (-8,5%, 227 emprendedores menos), País Vasco (-8,4%, 585), Andalucía (-8,3%, 2.475).

Donde menos porcentajes de descenso hubo fue en Canarias (-7,8%, 1.268 trabajadores por cuenta propia se dieron de baja en el RETA), Cataluña (-7,6%, 3.191), Murcia (-5,9%, 329), Galicia (-2,2%, 111) y Extremadura (-1,7%, 28).

Otro de los datos que se destacan en el informe de ATA es que, por país de procedencia, los autónomos chinos representan el 13,9% del total de emprendedores extranjeros.

Esto supone que, por primera vez, los chinos desbancan a los rumanos, que suponen el 12,2% del total del RETA, y quienes en su día arrebataron la primera posición a los trabajadores por cuenta propia procedentes de Reino Unido (10,2%).

El colectivo chino fue el único que en 2009 registró un crecimiento de afiliaciones en 2009 respecto a 2008, al pasar de 24.005 a 27.508, un 14,6% más; mientras que el de rumanos, el más golpeado por la crisis, pasó de 41.640 a 24.190, el 41,9% menos, según ATA.

Por sectores, la construcción fue el sector más castigado por la crisis en 2009, ya que perdió 20.195 trabajadores autónomos extranjeros, lo que representó el 76,1% del total de bajas al RETA.

El nuevo plan de Obama prohíbe a los bancos especular por cuenta propia y tener fondos apalancados (hedge funds) o de capital riesgo, algunas de las actividades más lucrativas de la banca de inversión. De prosperar la reforma en los términos planteados, las entidades perderán miles de millones de dólares de ingresos o incluso se verán obligadas a escindir parte de su negocio.

Los analistas de una de las entidades afectadas, JPMorgan Chase, cifraron en 13.000 millones de dólares anuales (unos 9.000 millones de euros) el impacto de tales medidas en Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS y Deutsche Bank. De las cinco, Goldman Sachs sería la más afectada, con un impacto de casi 4.700 millones de dólares en sus resultados, mientras que UBS, con 1.900 millones, sería la menos dañada.

Con todo, es pronto para hacer cálculos, pues la nueva propuesta carece de detalles y queda un largo camino para su aprobación.

En Europa, las mayores caídas de estos dos días las han sufrido Barclays (-10,9%), RBS (-9,8%), Société Générale (-9,5%) y Credit Suisse (-7,7%), que se hallan entre las más expuestas al tipo de negocios proscritos.

En España, donde los bancos tienen poca presencia en esos negocios, la banca frenó ayer su caída en un día convulso y de fuerte actividad. El Santander, que cayó el 0,4%, intercambió ayer acciones en el mercado continuo por 1.200 millones, siendo el título más negociado del Euro Stoxx 50.

El endurecimiento de la estrategia contra el riesgo excesivo ha movido en EE UU su acento de la supervisión a la regulación. Ese giro revela, además, una fuerte división en el equipo económico del presidente, pues contradice la posición del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, muy dañado por el rescate de AIG, expresada ante el Congreso en una audiencia sobre la reforma financiera en septiembre. La desautorización implícita de Geithner y las dudas sobre la reelección de Bernanke -cuyo mandato vence el 31 de enero- por la pérdida de apoyos en el bando demócrata deja en mal lugar a las dos cabezas visibles de la economía de EE UU.

De alguna forma, vuelve el pasado. En pleno golpe de la Gran Depresión, hace ocho décadas, EE UU buscó enseguida la manera de evitar que otra crisis financiera volviera a tumbar a la economía. Entonces, los senadores Carter Glass y Henry Steagall propusieron una legislación que permitió en 1933 crear el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC) y separar los bancos comerciales de la banca de inversión.

La historia se repite con grandes similitudes, en medio de un clima político enrarecido por la percepción popular de que hasta ahora se ha hecho más desde Washington por rescatar a los bancos que por salvar los empleos y las casas de la gente corriente.

Aguijoneada por la derrota demócrata en Massachusetts, la Administración Obama ha optado por abandonar la vía moderada y actuar de una forma más agresiva, instaurando una versión actualizada de la Glass-Steagall, que fue dejada de lado en los noventa.

Por ello, la subida de un 9,9 por ciento en el grupo de vestido y calzado y la de un 1,2 por ciento en enseñanza (ambos en Córdoba) ha causado en gran medida que la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) haya estabilizado su caída quedando en el -0,9 por ciento. Si bien el hecho de continuar en precios negativos un mes más supone que la economía se encuentra en deflación según los parámetros del FMI, la subida de precios de octubre ha dejado en el 0,1 por ciento la inflación subyacente (la que no incluye alimentos frescos ni precios energéticos), la misma cifra de septiembre, lo que refleja la estabilidad puntual del IPC.

En Andalucía, los precios subieron en el mes de octubre un 0,7 por ciento, con lo que la tasa interanual moderó su caída hasta situarse en el -0,8 por ciento, aunque encadenaron ocho meses consecutivos de bajada. En el conjunto de España el IPC subió en octubre el 0,7 por ciento, con lo que la inflación interanual descendió hasta el -0,7 por ciento y la tasa acumulada al 0,3 por ciento (0,2 por ciento en Andalucía).

Los grupos de productos cuyos precios más han caído en la provincia han sido los de ocio y cultura (-0,5%) hoteles, café y restaurantes (-0,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3 por ciento) y bebidas alcohólicas y tabaco (-0,2%). El importe de las medicinas, el transporte y la vivienda se han congelado o apenas han registrado aumento.

Por su parte, CC.OO. de Córdoba consideró ayer que la subida de los precios del pasado octubre, que fue del 0,8 por ciento, «marca una tendencia positiva» en la que va a tener gran influencia el desbloqueo de la negociación colectiva. El secretario de Acción Sindical de CC.OO. de Córdoba, Alfonso Nieto, indicó que, «aunque estas cifras alejan a deflación», también implican un mayor esfuerzo para la economía doméstica.

Cierto es también que en una de estas ofertas comerciales de préstamo el importe que me ofrecen es de tan solo 3000 euros cuando recuerdo perfectamente que el año pasado, un mes si y otro también, recibía estas cartas de “te hemos concedido un préstamo” ofreciéndome 30.000 euros, así que aunque a la banca se le esta aflojando el puño ha sido mas bien poquita cosa ya que solo me ofrecen un 10% de lo que me ofrecían hace tan solo un año.

De la segunda entidad bancaria de la cual he recibido oferta de crédito la verdad es que no recuerdo por cuanto me solían ofrecer en veces anteriores, pero como en el caso anterior el crédito es por un pequeño importe.

Yo pienso que estos “mini créditos” serán para la campaña navideña, ya que aunque los bancos (y las cajas de ahorro) no quieran prestar dinero la verdad es que de algo tienen que vivir y han de conseguir algunos ingresos de algún lado.

Yo por mi parte lo tengo claro, nada de desvariar comprando a lo loco por navidades, estos prestamos que me ofrecen no me interesan, usare el capital del que dispongo y a las entidades de crédito que expriman a otro.