Los principales factores que van a influir en la evolución que experimente el euribor 2012 son por un lado las tensiones que sufra en el mercado interbancario, es decir, las dificultades que actualmente tienen las entidades financieras para prestarse dinero entre ellas y por otro lado los tipos de interés.

Cuánto más reacios sean los bancos a prestarse dinero y más dure esta crisis financiera, más elevado será el euribor 2012 y por tanto más caras serán las cuotas de los préstamos hipotecarios para todos los que tienen una hipoteca a tipo de interés variable referenciada al euribor.

Los expertos auguraban que el euribor acabara este año en niveles del 2,5% pero se han pasado en sus previsiones si atendemos al valor que tiene actualmente el euribor y que está en el 2,04% a falta de un mes para que finalice el año.

Esto es debido a que el Banco Central Europeo que es el organismo que dirige la política monetaria de la Eurozona en cuánto a los tipos de interés, rebajó a principios del mes de noviembre los tipos de interés en un cuarto de punto para dejarlos situados en el nivel del 1,25%, por lo que el euribor ha realizado un parón en la tendencia alcista iniciada hace ya algo más de un año tras tocar mínimos históricos de 1,215% en marzo del 2010 y llegar en julio del 2011 hasta el 2,183%.

A tenor del comportamiento de las principales economías europeas que están ralentizando su crecimiento e incluso se atisba una próxima recesión en la eurozona, el euribor 2012 no experimentará subidas significativas en sus valores e incluso lo más probable es que siga bajando lentamente, ya que al menos los tipos de interés no van a subir en Europa por la ralentización económica experimentada.

Por tanto, los valores máximos que puede alcanzar el euribor 2012 sobre todo para finales del próximo año se pueden situar en el 2,5% pero lo más normal es que si la situación financiera sigue sin mejorar notablemente, el Banco Central Europeo pueda bajar todavía algo más los tipos de interés a pesar de que la inflación no está en niveles bajos, lo que provocaría que el euribor 2012 pueda seguir descendiendo hasta alcanzar la zona del 1,5% aproximadamente.

Los 21 países restantes que ha analizado ATA registraron en los seis primeros meses del año pérdidas en cuanto al número de autónomos. En el caso de España, la pérdida registrada se situó en el -3%, pérdida únicamente superada por ocho países: Luxemburgo (-9,5%), Croacia (-8,1%), Bulgaria (-6,1%), Islandia (-5,9%), Portugal (-5,8%), Bélgica (-4,5%), Dinamarca y Letonia, ambas con un descenso de autónomos del -4%.

Autónomos empleadores

Al estudiar el comportamiento de los autónomos empleadores en la Unión Europea, se comprueba como siguen el mismo comportamiento que el total de autónomos (empleadores y no empleadores), donde únicamente once países ven crecer el número de autónomos que tienen, al menos, a un trabajador a su cargo. De nuevo, frente al crecimiento medio de la UE (+0,3%, 31.300 autónomos empleadores más al cierre del primer semestre), en España vuelven a registrar un importante descenso del -6%, lo que en términos absolutos se traduce en 60.500 empresarios con asalariados menos.

De nuevo, varios de los países de nuestro entorno vuelven a registrar crecimientos: Alemania (+7,4%), Suiza (+5,9%), Austria (+3,7%), Italia (+0,9%). Sin embargo, las cifras arrojadas por Bélgica (-8,4%), Reino Unido (-4,7%), Portugal (-4,6%), Grecia (-3,6%), Holanda (-1,4%) y Francia (-0,2%) fueron negativas, con pérdidas de afiliación de autónomos empleadores, lo que pone de manifiesto que la actual crisis está afectando a muchos de los países de nuestro entorno.

Autónomos no empleadores

ATA también realiza la evolución de los autónomos que no tienen empleados a su cargo a lo largo de los seis primeros meses del año. De ello, se comprueba como este colectivo registra un mejor comportamiento que el de los empleadores, y son 17 de los 32 países analizados los que logran registrar crecimientos.

Sin embargo, mientras en que el total de la Unión Europea los autónomos no empleadores aumentan en 330.500 nuevos emprendedores (+1,2%), en España descienden un 1,4%, lo que significa 27.600 trabajadores por cuenta propia menos.

Prácticamente todos los países de nuestro entorno -salvo las intervenidas Grecia (-2,1%) y Portugal (-6,2%)- lograron cerrar el semestre en registros positivos: Italia (+4,8%), Suiza (+4,5%), Francia (+2%), Luxemburgo (+1,8%), Alemania (+1,5%), Austria (+1,5%), Irlanda (+0,3%) y Reino Unido (+0,1%)

En España, los autónomos representan el 15,6% de la población ocupada

Del total de población ocupada a 30 de junio en los 32 países de referencia, el 15,9% son trabajadores por cuenta propia. Por primera vez España se sitúa por debajo de esa media, donde los autónomos representan el 15,6% del total de población ocupada: de los 18.303.000 trabajadores con los que cuenta España al cierre del primer semestre de 2011, únicamente 2.858.400 son autónomos.

Superando la media europea se situaron Grecia, donde los autónomos representan el 30,8% de su población ocupada, Turquía (24,6% del total de ocupados), Italia (23,8%), Portugal (20,5%), Rumania (20%), Croacia (19,1%), Polonia (19%), República Checa (17,3%), Chipre (16,6%) e Irlanda (16,2%), situándose el resto de los países por debajo de la media europea.

La menor proporción de trabajadores autónomos respecto al total de población ocupada la registran Noruega (6,9%), Luxemburgo (7,8%), Dinamarca (8,7%), Estonia (8,5%), Lituania (9,1%) y Letonia (9,8%), países en donde los autónomos no alcanzan el 10% del total de la población ocupada.

España concentra al 7,1% de los autónomos europeos

De los 39.983.100 trabajadores por cuenta propia registrados en Europa, únicamente tres países concentran a uno de cada tres (39,9%) de los autónomos de toda Europa: Turquía (6.020.000 autónomos, 15,1% del total), Italia (5.494.800, 13,7%) y Alemania (4.430.500, 11,1% del total).

España, por su parte, concentra al 7,1% de los autónomos europeos. De los 32 países analizados, los que menor peso tienen, en cuanto al número de trabajadores por cuenta propia son Luxemburgo (0,04%), Islandia (0,1%), Estonia (0,1%), Malta (0,1%), Chipre (0,2%), Letonia (0,2%), Lituania (0,3%), Eslovenia (0,3%) y Noruega (0,4%), donde los autónomos no alcanzar el 0,5% del total de la Unión Europea.

En concreto, Teruel señaló que es necesario subir el IVA para mejorar la competitividad y compensar las cuotas de la Seguridad Social, pues este impuesto ha de jugar un papel de “dinamizador”, a la vez que apostó por revisar las condiciones de concesión y cuantías del seguro de desempleo “para evitar sus efectos desincentivadores sobre el trabajo y la proliferación de conductas fraudulentas”.

Así, abogó por hacer efectiva la retirada de la prestación a aquellos desempleados que rechacen “dos o tres” propuestas de trabajo, ya que en la actualidad las sanciones casi nunca se aplican porque la legislación establece que deben ser “propuestas de trabajo adecuadas”, un concepto que no queda suficientemente claro.

Asimismo, Teruel propuso a los partidos políticos que disminuyan las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por parte de los empleadores, que modifiquen el sistema de liquidación trimestral o mensual del IVA, que reduzcan la tributación de los beneficios no distribuidos, e incluso, que agilicen las devoluciones de los créditos fiscales.

Del mismo modo, consideró necesario reducir el Impuesto de Sociedades para las pymes y luchar contra el fraude fiscal, mientras que en materia laboral, subrayó la importancia de reducir el absentismo, acometer una “rápida” y “profunda” reforma de la negociación colectiva, adecuar la evolución salarial a las ganancias de productividad, o simplificar los contratos.

Financiación de las pymes.

Por otra parte, el dirigente de las Cámaras remarcó la necesidad de facilitar el acceso al crédito a las pymes y de “dignificar” la figura del emprendedor. Con la intención de situar a las empresas españolas al nivel de sus competidoras europeas, expuso cinco planes a nivel nacional para apoyar el papel de los emprendedores: la iniciación de las compañías a la exportación, la potenciación de la innovación y la transferencia tecnológica a las pymes, la iniciación al mundo laboral y, sobre todo, el acceso a la financiación.

Para Teruel, es necesario culminar “cuanto antes” el proceso de recapitalización del sistema financiero, y que así las empresas recuperen su capacidad para desempeñar su actividad sin que les falte financiación. No obstante, reconoció que el Acuerdo de Capital de Basilea III es “injusto” con la banca española, porque la obliga a tener una serie de recursos “bloqueados”, por lo que matizó que es “papá Estado” quien debe regular el crédito o por la vía pública o mediante aportaciones a las entidades destinadas directamente a las empresas.

Según él, si se quieren mantener los logros sociales actuales es necesario incorporar al mercado laboral a los cinco millones de parados, ya que 47 millones de ciudadanos con beneficios sociales no pueden ser sustentados por 13 millones de trabajadores. “Ese ratio es horrible”, apuntó el presidente de las Cámaras.

Gómez dice que los parados no rechazan ofertas porque no hay.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, negó ayer que el cobro del subsidio por desempleo suponga un desincentivo para el trabajo, ya que cree que en estos momentos no existen ofertas de empleo que los parados puedan rechazar. El ministro respondía así a la propuesta de las Cámaras. “Durante la crisis el problema no es que se rechacen ofertas, sino que no hay”, señaló antes de su intervención en unas jornadas organizadas por UGT. Además, Gómez recordó que la penalización por desestimar una oferta de empleo adecuada cuando se está cobrando el paro ya está prevista en la legislación laboral. “No tiene sentido insistir en estas políticas cuando lo que necesitamos es crear empleo”, añadió.

Desde hace varios meses, editoriales, artículos y libros pusieron sobre el tapete los temas del proteccionismo, la salida del euro y la desmundialización (1). Los argumentos esgrimidos con mayor frecuencia remiten a la naturaleza de la crisis que vive el capitalismo, el marco de regulación necesaria y la cuestión de la soberanía democrática.

Un modelo de desarrollo colapsado.

Desde comienzos de los años 80, las estructuras del capital se construyeron de manera tal que producían la máxima rentabilidad de las inversiones financieras –la “creación de valor para el accionista”–, mientras se orquestaba sistemáticamente la desvalorización de la fuerza de trabajo. Ésta permite aquélla, a medida que la libertad de circulación de la que gozaban los capitales posibilitó la competencia de los sistemas sociales y fiscales. Eso es lo que expresa el eufemismo “mundialización”: la reorganización del capitalismo a escala mundial para remediar la crisis de la tasa de ganancia que hacía estragos en la bisagra de los años 60-70, el triunfo de las clases dominantes cuyos activos financieros priman sobre los salarios y la obligación para las estructuras de regulación de someterse en adelante a las exigencias de los mercados.

Dos décadas bastaron para derribar este andamiaje: desde mediados de la década de 2000, la tasa de ganancia dejó de crecer en Estados Unidos y el crédito acordado a los pobres para paliar la insuficiencia de los salarios ya no bastó para absorber la superproducción industrial. El efecto se propagó a la velocidad de la circulación de los capitales.

La crisis no es una suma de dificultades nacionales (griega, irlandesa, portuguesa, española, etc.) que se desencadenaron sólo como consecuencia de problemas específicos internos de cada uno de los países, y sobre los cuales cabría preguntarse por qué se manifestaron simultáneamente. Esta crisis es ante todo la de un capitalismo que llegó a la “madurez” mundial, y cuya lógica de creación de valor para el accionista fue llevada a su paroxismo, puesto que todo estaba destinado a convertirse en mercancía, desde la producción de bienes y servicios básicos hasta la salud, la educación, la cultura, los recursos naturales y el conjunto de personas.

La mundialización no se reduce pues al libre intercambio de mercancías, es decir, a su circulación. Las finanzas por las finanzas mismas fueron alcanzadas por la ley del valor, es decir, por una doble exigencia hoy indisociable: revalorizar el trabajo que no es presurizable hasta el infinito, por un lado; hacerlo sobre una base material que se degrada o se enrarece (2). En la crisis financiera subyacen pues la superproducción capitalista y el callejón sin salida de un modelo de desarrollo.

Uno de los principales argumentos de los partidarios de izquierda de la desmundialización consiste en imputar a la mundialización la destrucción de empleos y la desindustrialización de los países ricos. “Hasta mediados de los años 90 –señala Jacques Sapir–, el aumento de la productividad en los países emergentes no era capaz de modificar las relaciones de fuerza con respecto a los países dominantes. En cambio, desde mediados de los años 90, se observa un aumento de la productividad muy importante en países como China o en Europa del Este. Desde entonces, sectores enteros de actividades abandonan los países industrializados” (3). No hay mejor manera de decir que la degradación de la relación de fuerzas entre la clase dominante y los asalariados en los países industrializados es anterior, por lo menos quince años, al surgimiento de China.

Tomando sólo el ejemplo francés, durante la década del 80 se produjeron el deterioro de la porción salarial en el valor agregado (aproximadamente cinco puntos de valor agregado bruto de las sociedades no financieras con respecto a 1973 y alrededor del doble con respecto a 1982) (4) y el aumento del desempleo. Los niveles alcanzados (muy bajos para la porción salarial y muy altos para el desempleo) no se modificarán realmente más adelante, salvo durante el corto período de 1997 a 2001. Resulta exacto decir pues que la competencia de las fuerzas de trabajo que se acentuó durante los últimos años fortaleció la posición adquirida por los sectores más pudientes; pero es inexacto atribuir a los países emergentes la principal responsabilidad del deterioro salarial en los países capitalistas avanzados.

Finalmente, la violencia de clase del neoliberalismo se traduce en el seno de los países ricos en una distribución capital/trabajo favorable al primero y en una modificación de la distribución interna de la masa salarial (los altos salarios obtienen aumentos muy fuertes, especialmente porque incorporan elementos de remuneración del capital como las stock options). Este segundo aspecto está al menos relacionado tanto con la posición social que ocupan los altos directivos de las empresas, debido a sus competencias técnicas, como con el dumping social exterior del que son víctimas los asalariados de la escala más baja.

De ahí la prudencia teórica necesaria para evitar que un conflicto de clases se transforme en un conflicto de naciones, prudencia que Lordon teme esté “condenada a la inanidad” ya que, según él, “las estructuras de la mundialización económica colocan (a los trabajadores chinos y los trabajadores franceses) también y objetivamente en una relación de antagonismo mutuo, contra el cual ninguna negación podrá hacer nada” (5). De hecho, la solución proteccionista establecería una preeminencia del antagonismo de naciones sobre el de clases. Ahora bien, la naturaleza sistémica de la crisis capitalista mundial remite a la relación social fundamental del capitalismo y pone en duda la capacidad de las poblaciones para salir de ésta a través de un camino nacional.

Salvo muy raras excepciones (como Ecuador con la cuestión de la deuda, por ejemplo), los Estados se encargan de hacer pagar la crisis a las poblaciones; tal es el objetivo fundamental unificador de las clases dominantes. Ningún gobierno quiere ni puede correr el riesgo de asumir las consecuencias de un incumplimiento de las deudas soberanas que podría propagarse desde el momento en que se soltara el primer eslabón. Todos condenan así sus economías a la recesión. Por otra parte, la mundialización no sólo es comercial y financiera; es también productiva, al punto que los grandes grupos multinacionales se preocupan poco por la evolución económica nacional (6). La cuestión de los espacios pertinentes de regulación y de lucha contra la crisis es pues crucial.

Soberanía, regulación y cooperación.

¿Debe fustigarse la “quimera” (7) de las instituciones internacionales fuertes? Sí, si se trata de rechazar el cliché de la “gobernanza mundial” o de condenar las tergiversaciones y los fracasos de los G8, G20 y otros conciliábulos de los gobernantes dominantes. Pero hay un problema a resolver: el de la construcción de una regulación mundial. El período que citan como ejemplo los partidarios de izquierda de la desmundialización es además el de la posguerra marcado por la regulación de tipo keynesiano inaugurada en Bretton Woods.

Dos hechos decisivos muestran la urgencia de una regulación, sin esperar que el capitalismo sea abolido o simplemente restringido. El primero recae sobre la agricultura, que hoy se caracteriza por la desregulación del intercambio agrícola en todos los niveles, que tiene como consecuencia la captación en los países del Sur de las mejores tierras para los cultivos de exportación en detrimento de los cultivos para consumo interno, la caída de la demanda efectiva y la extrema volatilidad de los precios básicos mundiales. ¿Cómo es posible imaginar que cada país pueda encontrar una relativa autonomía y ver así instaurarse una soberanía alimentaria si los mercados agrícolas no son rigurosamente encuadrados a escala mundial para liberar los productos agrícolas y, más aun, todas las materias primas, de la influencia de la especulación y los riesgos del mercado? (8).

El segundo hecho atañe a la lucha contra el recalentamiento climático que concierne a todo el mundo. Ahora bien, hasta el momento, los fracasos de las negociaciones después de Kyoto, en Copenhague en 2009 y Cancún en 2010, se debieron esencialmente a los conflictos de intereses entre los Estados más poderosos, prisioneros de su obediencia a las exigencias de los lobbies y grupos multinacionales. El surgimiento de una conciencia ciudadana para la salvaguarda de los bienes comunes, dotada de una visión global, puede influir en estas negociaciones, por ejemplo, a través del llamado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, por iniciativa del gobierno boliviano en abril de 2010.

Además, tanto la agricultura como el clima revelan la imperiosa necesidad de cambiar radicalmente el modelo de desarrollo subyacente a la mundialización capitalista. Este aspecto es a veces ignorado por los partidarios de la desmundialización que tienen como principal referencia el modelo fordista nacional, desde luego mejor regulado que el modelo neoliberal, pero que generó un productivismo devastador. Nos enfrentamos pues a la definición del lugar donde puede ejercerse la soberanía democrática.

¿Cómo plantean el problema los partidarios de la desmundialización? “Independientemente de lo que se piense, la solución de la reconstitución nacional de soberanía impone su evidencia porque tiene sobre todas las demás el gran mérito práctico de estar allí, inmediatamente disponible, evidentemente a través de las transformaciones estructurales que la tornan económicamente viable: proteccionismo selectivo, control de los capitales, supervisión política de los bancos; todas cosas perfectamente realizables, siempre que se lo desee”, escribe Frédéric Lordon (9). Estos tres niveles de transformaciones estructurales son totalmente pertinentes. Lo que genera problemas es “la evidencia”, lo “inmediatamente disponible”, lo que “ya está ahí”, mientras que el proceso de mundialización tuvo como principal consecuencia vaciar la democracia de su sustancia para confiar las llaves de la casa común a los mercados financieros.

Por lo tanto, la extrema dificultad que los pueblos deben superar es reconstruir totalmente su soberanía y no simplemente reactivarla. La tarea debe realizarse tanto a nivel nacional como, en lo que respecta a los europeos, a nivel regional, dado que el enfrentamiento con las fuerzas del capital ya no se produce únicamente a nivel nacional, ni siquiera quizás principalmente. La contradicción a superar se debe a que si bien la democracia aún se expresa, sobre todo a escala nacional, las regulaciones y transformaciones que deben realizarse, especialmente ecológicas, se sitúan más allá de las naciones; de ahí la importancia de la creación progresiva de un espacio democrático europeo. Al no ser la crisis una suma de crisis nacionales, no habrá una salida nacional de la crisis.

Una transformación radical.

Queda entonces la cuestión de saber por dónde comenzar el trabajo de deconstrucción del capitalismo neoliberal. A corto plazo, y de manera urgente, declarar ilegítimas la mayoría de las deudas públicas y anunciar que no serán honradas, decidiendo a escala europea los países prioritarios, teniendo en cuenta sus dificultades. Basar estas decisiones en una auditoría general de las deudas públicas. Proceder a la socialización de todo el sector bancario europeo. Y restaurar una fuerte progresividad de la fiscalidad. No existe al respecto ninguna imposibilidad práctica; sólo falta la voluntad política de “la eutanasia de la renta” (Keynes) mediante su eliminación (10).

A mediano y largo plazo, el proceso que debe iniciarse es el de la transformación radical del modelo de desarrollo en un sentido no capitalista. La destrucción de las actuales estructuras de las finanzas es el primer paso que la prohibición de las transacciones de mutuo acuerdo y de los productos derivados y la tributación de las restantes transacciones financieras podrían llevar a cabo. Pero, además, es indispensable la estricta delimitación del espacio mercantil gobernado por la búsqueda del beneficio para que puedan desarrollarse actividades no mercantiles u orientadas a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones preservando el equilibrio ecológico.

¿Qué nombre darle a todo eso? Las protecciones que son necesarias (del derecho laboral, la seguridad social, la naturaleza…) no constituyen necesariamente un sistema proteccionista. La idea de selectividad de los sectores que deben “desmundializarse” o, por el contrario, universalizarse, es sin dudas más difícil de implementar, pero ofrece las ventajas de señalar los verdaderos objetivos que deben alcanzarse, esbozar una bifurcación socio-ecológica de las sociedades y construir paso a paso una cooperación internacional digna de ese nombre. Éste es el mensaje del altermundialismo, que no abandona en absoluto la crítica a la mundialización, sin por ello creer pertinente su aparente opuesto.

Según la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), ambos hechos están claramente relacionados. Y es que la situación económica y los ajustes en las plantillas que han llevado a cabo muchas empresas han hecho que los trabajadores disminuyan las peticiones de bajas laborales por miedo a que su ausencia sea motivo de despido y que, aunque justificadas, algunas bajas laborales reduzcan su duración considerablemente. Como consecuencia, la mayor carga laboral de los empleados que conservan su puesto y el hecho de que muchos trabajadores que precisarían de una baja laboral por enfermedad renuncian a ella, los niveles de ansiedad y estrés se han incrementado de forma considerable.

Este puede ser uno de los motivos principales por los que en los últimos meses hayan aumentado los casos de incapacidad temporal por estrés y depresión constituyendo, en el conjunto de la Unión Europea, hasta el 60% del total de las bajas laborales. Ante esta realidad es clave el papel único y fundamental que realizan los médicos del trabajo, que son los especialistas encargados de velar por la salud de los trabajadores y quienes mejor conocen la situación particular de la empresa, del empleado y del trabajo que éste realiza

Desde la perspectiva privilegiada que el médico del trabajo tiene dentro de la empresa es capaz de prevenir y diagnosticar enfermedades comunes y laborales y ayudar a tratarlas de una forma personalizada y adaptada al trabajador y al puesto. Asimismo, el especialista en medicina del trabajo es una figura fundamental pues puede ayudar a controlar y reducir los niveles de ansiedad y estrés de los trabajadores ofreciéndoles una serie de pautas y consejos, lo que repercute beneficiosamente en el funcionamiento de la empresa.

Los médicos del trabajo de los Servicios de prevención deberían estar coordinados adecuadamente con los Equipos de Vigilancia de Incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social (donde trabajan muchos médicos del trabajo) y con la Atención Primaria. De este modo se podrían tener conclusiones basadas en datos adecuados y certeros vinculados al ámbito de trabajo y salud, ante conflictos actuales y futuros, en los que se siembra la sospecha de colectivos y de médicos.

Bernardino Ramazzini (padre de la Medicina del Trabajo), en el año 1700 decía, que sería la Legislación la que protegiese a los trabajadores. Estamos en el año 2010, en la adolescencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y aún parece que no tenemos claro que el trabajo y la salud van vinculados, tanto en sus aspectos más positivos como en aquellos menos deseables.

De no ser así, incrementaremos nuestras cifras de absentismo por motivos de salud, no mantendremos nuestra calidad de vida con esta longevidad que nos acontece, no podremos defender una vida laboral más prolongada, adecuando el puesto con sus tareas a la edad y condición, y muchísimo menos, evitar una cronicidad que está hoy por hoy, socavando un Sistema que nos pertenece a todos.

Sin embargo, la labor de los médicos del trabajo en España está en peligro, pues los ministerios de Sanidad y Política Social y de Trabajo e Inmigración están trabajando en la elaboración de un Real Decreto que regulará la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención y que conllevará la disminución de la calidad en la prestación del servicio que reciben los trabajadores españoles. De aprobarse este Real Decreto en los  próximos años el 50% de los Médicos y Enfermeros  del Trabajo perderán su puesto y reducirá la Medicina del Trabajo a un mero certificado de Aptitud.

Esto hará que se retraiga el consumo, la principal causa del desplome de la recaudación del IVA en el último año, y sea difícil que con el alza de este impuesto, que entra en vigor el próximo jueves, el Gobierno cumpla su objetivo de recaudar 5.150 millones de euros anuales, según explicaron los técnicos en rueda de prensa.

A partir de este jueves, cuando el IVA general suba al 18% y el reducido, al 8%, según los cálculos de Gestha, Hacienda obtendrá más ingresos principalmente gracias a la actividad de 3.249 grandes empresas, que aportarán casi el 60% de la recaudación adicional. Y todo ello, advirtieron, en un país que, después de Grecia, es el de la zona del euro que menos rendimiento extrae del IVA, ya que en 2009 de cada 100 euros destinados por los hogares a consumo privado, Hacienda sólo recaudó 6,4 euros con este impuesto, cuando hace dos años, recaudaba tres euros más.

Por eso, Gestha rechaza en un informe sobre el impacto de las crisis en la recaudación por IVA, que el frenazo inmobiliario o la recesión hayan sido los causantes del desplome de la recaudación de más de 23.000 millones entre 2007 y 2009.

El “parón” inmobiliario, dijeron, sólo justifica una pérdida de los ingresos por IVA del 10 por ciento, por lo que creen que ha sido más determinante “la evasión fiscal y la eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude”. Un esfuerzo clave si se tiene en cuenta que, según las cifras de los técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros anuales, el 23,3 por ciento del PIB y diez puntos porcentuales por encima del resto de Europa. De hecho, explicaron que si en España las cifras de economía sumergida fueran “similares” a las del resto de Europa, se podrían recaudar anualmente unos 38.500 millones.

España, criticaron, es “un balneario fiscal” para los que “nunca pagan”, por eso, insistieron en que hay que conseguir que paguen los que nunca lo hacen en un país en el que parece que “los que más defraudan, están impunes”.

En cuanto al caso de las 1.500 fortunas españolas con cuentas en Suiza, los técnicos insistieron en el “doble rasero” por el trato que reciben estos titulares frente al resto de contribuyentes españoles. En su opinión, “se les está dando una segunda oportunidad para que presenten las declaraciones cuando va a vencer el plazo para la declaración de la renta y (por tanto) no va a dar tiempo de realizar investigación sobre ellos”.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno decida modificar el IRPF, los técnicos de Hacienda consideraron que posiblemente el Ejecutivo aún no haya tomado una decisión en firme porque estará viendo los acuerdos que necesita alcanzar para los próximos presupuestos.

Por eso, las declaraciones en las que el secretario de Economía, Carlos Ocaña asegura que habrá “pequeños ajustes” son “posiblemente una estrategia para recabar los votos que necesita para esos presupuestos”, añadieron los técnicos de Hacienda.

Se trata de sondear el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes o de la izquierda parlamentaria, por eso, dijeron, “esta gran demora frente a los ejecutivos autonómicos que ya han optado por subidas del IRPF”.

Gestha reprocha que la “normativa tan laxa” de España con los que tienen (mucho) dinero e insta a subir al 45 o al 46% la retención para las rentas superiores a 100.000 euros.

Proponen además que se prohíban las ventas en posiciones cortas contra la deuda pública española, ya que suponen un sobrecoste en la financiación del Estado superior a los 1.400 millones de euros.

También abogan por aumentar cinco puntos el tipo impositivo de 300 entidades bancarias para recaudar 1.400 millones al año, recuperar el Impuesto de Patrimonio para obtener 1.240 millones o modificar la ley española de Instituciones de Inversión Colectiva.

Los medios de comunicación franceses han bautizado estas prácticas como la “mutua de los timadores” porque en el último año han hecho perder cerca de 80 millones de euros a la Ratp, la sociedad que gestiona los medios de transporte parisinos.

Se trata de pequeñas asociaciones, no autorizadas, formadas por estudiantes, desocupados y personas con pocos medios  que consiguen engañar cada mes a la sociedad de transportes de una forma sencilla: todos los meses cada miembro de la asociación aporta entre 5 y 7 euros gracias a los cuales puede viajar sin billete en los medios públicos de la capital.

En el caso de que sean multados, echan mano del fondo común de su asociación para pagarla y las cuentas les salen redondas ya que el número de viajeros sin billete supera con mucho a las sanciones que puede llegar a poner la Rapt ya que ésta sólo puede llevar a cabo 968 controles.

Sin embargo, existen una serie de reglas que facilitan los movimientos de los “timadores”: “Hay una o dos estaciones en París que deben ser evitadas” asegura Frédéric, “después de un tiempo, si tienes cuidado, casi nunca te pillan.  Aunque es verdad que al final de año quedan sólo 3 euros del fondo común”.

Según Le Parisien, en la capital francesa existen al menos una docena de este tipo de asociaciones. Los adeptos se proclaman radicales de izquierda, liberales y sobre todo sueñan con una sociedad en la que los transportes públicos sean gratuitos.

Fines políticos.

Michael, otro estudiante parisino, asegura que el objetivo de su asociación es principalmente político: “No es justo que las personas que viven en la periferia tengan que pagar precios exorbitantes por viajar. Mientras que los parisinos que viven en el centro y que son mucho más ricos pagan menos”.

Desde hace algunos meses los afines a esta práctica cuenta además con su propio periódico, titulado “Lignes gratuites” que ha hecho del transporte gratuito su caballo de batalla. “¿Por qué los transportes públicos no son gratuitos como la educación o la sanidad?”, pregunta el diario de los rebeldes.

Por su parte, Philippe Touzet, delegado sindical de Sur-Ratp afirma que la protesta de estas asociaciones en realidad está castigando a la mayoría de los ciudadanos de la capital: “Se puede debatir tranquilamente sobre la oportunidad de hacer gratuitos los medios de transporte”, afirma el sindicalista, “pero esta forma de protesta hace que el sistema sea más frágil. Si no pagan los billetes estas personas están provocando una reducción en el número de autobuses en circulación. Ahora ya tenemos demasiados pocos medios públicos y esta protesta no hace otra cosa que empeorar la situación”.

Tras cerrar el pasado jueves en 82,51 dólares, la cotización el barril de Brent se ha encarecido hoy en más de tres dólares tras publicarse los datos sobre el sector servicios estadounidense. Según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), la actividad en los servicios creció en marzo por tercer mes consecutivo y a mayor ritmo de lo que se esperaba. También el empleo en el sector avanzó con fuerza al mismo tiempo que se ha incrementado la cifra de pedidos, lo que ha arrojado algo de optimismo sobre la solidez de la recuperación estadounidense y, por extensión, de la economía mundial.

El barril de Brent marcó su máximo histórico en julio de 2008 en torno a los 145 dólares para, inmediatamente a continuación, iniciar una tendencia a la baja que le llevó a un mínimo de 36,61 dólares en diciembre de hace dos años. Desde aquel punto de inflexión, el crudo ha ido ganando posiciones con algún que otro altibajo hasta hoy, cuando ha rebasado la cota de los 85 dólares. Esta evolución ha estado pareja a la cotización entre el euro y el dólar, ya que cuanto más se revaloriza la moneda europea frente al billete verde, más sube el valor del petróleo, que se paga en dólares, para compensarlo. Hoy, sin embargo, el euro se ha movido con poca variación y apenas ha bajado unas décimas, descenso que no le ha hecho perder la cota de los 1,35 dólares en un día con las bolsas cerradas en Europa.

La tendencia al alza del barril también se está nutriendo de los flecos de la reunión de la OPEP de la semana pasada. Durante el encuentro celebrado en Cancún, la organización de los principales países productores se mostró a favor de un precio medio de entre 70 y 80 dólares por barril. No obstante, el cartel que agrupa un tercio de la producción mundial aseguró no tener planes de revisar su volumen de oferta.

El primer ministro chino, Wen Jiabao, rechazó las críticas de que China mantiene su moneda subvaluada a fin de impulsar las exportaciones.

Al final de la sesión parlamentaria anual china, Wen dijo que mantener la estabilidad del yuan fue “una importante contribución” a la recuperación global de la crisis económica.

El premier también aseguró que las recientes tensiones en las relaciones con Estados Unidos eran por culpa de Washington, haciendo referencia al reciente acuerdo de venta de armas a Taiwán y una visita del Dalai Lama a la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa en Beijing, Wen negó que la moneda china, el yuan — también conocido como renminbi—, esté infravalorado.

Legisladores estadounidense y grupos de comercio habrían asegurado que el yuan se mantiene hasta 40% por debajo de lo que debería ser su valor frente al dólar estadounidense.

La falta de medidas de apoyo a la conciliación e igualdad de la mujer, según Fundación Madrina, provoca la mayor discriminación socio-laboral de la mujer madre en España, teniendo en cuenta que el 80% de la empleabilidad de las mismas lo asumen las Pymes. Sin embarbo, la paternidad sigue premiándose con mejoras salariales y mantenimiento de puestos de trabajo para el hombre, mientras que las mujeres madres sufren un crecimiento de la penalización laboral de más del 50-60% en términos retributivos y de ascensos.

Más de 32.000 peticiones de ayuda .

Según asegura el presidente de la Fundación, Conrado Giménez Agrela, durante 2009 se ha más que duplicado el número de contactos vía email y llamadas recibidas en Fundación Madrina, con más 32.000 peticiones. Los resultados de la atención recibida por las usuarias de la Fundación revelan que la crisis económica ha agravado en más de 20 puntos los despidos o abandonos laborales de mujeres por causa de maternidad, situándose en el 45%. Además, sube hasta un 50% las mujeres que no puede acceder al mundo laboral por el mero hecho de estar embarazadas. 8 de cada 10 mujeres trabajadoras tienen muy limitado el acceso o mantenimiento de su puesto de trabajo o sufren una penalización laboral severa, en términos de ascensos o remuneraciones salariales.

Las conclusiones del estudio Mobbing maternal en España suben la edad del perfil de las mujeres afectadas: jóvenes de entre 25 y 35 años, con un nivel de cualificación medio o medio-bajo, y con más de un hijo. Tan solo un 10% presenta estudios universitarios, es decir, la cualificación laboral mayoritaria de estas mujeres es secundaria, y son trabajadores de base. Especialmente sufren exclusión laboral las mujeres con hijos menores de 3 años, que presentan problemas de conciliación en términos de horarios compatibles, motivo por el que suele abandonar el empleo y el 80% acaban sin juicio. Se entiende que hasta esa edad la madre tiene mayor vinculación con sus hijos y estos mayor dependencia de la madre, por lo que se la excluye laboralmente. Este hecho es penalizado por la empresa pública y privada, con despidos, menores retribuciones o descenso de nivel de responsabilidad de la mujer madre trabajadora.

En palabras de Conrado, “la principal demanda es información sobre las consecuencias y posibilidades de perder un empleo al estar embarazada, si lo deben comunicar a la empresa, o bien demandan información sobre qué hacer en el caso de que la empresa haya emprendido actuaciones para que ella se marche. Igualmente, se piden ayudas porque ya se ven en la calle o bien claramente ven que no las van a renovar el contrato por su embarazo.

Un elevado porcentaje de mujeres nos comunican que la empresa ya está realizando acciones no verbalizadas contra la joven madre o gestante, con el objetivo de que abandone por su propia voluntad la empresa, o bien que sospechan o les han verbalizado que ya no continúan. Todas ellas nos piden asesoramiento legal y ayuda para buscar otro empleo”, asegura.

Mobbing maternal, al borde de la exclusión social

Fundación Madrina define el “mobbing maternal” como la violencia o acoso que sufre la mujer por el hecho de ser madre, especialmente en su entorno laboral, si bien la mujer sufre violencia o efectos negativos y colaterales igualmente en el entorno personal y familiar, incluso social y administrativo.

En España el 23% de las familias son mono parentales, con una clara tendencia hacia el modelo anglosajón donde el 50% son mono parentales, sin una clara red social o familia extensa alrededor (padres, abuelos…), que amortigüe la desigualdad social que sufre la mujer trabajadora y madre. Según las conclusiones del estudio, el 90% de los casos de mujeres objeto de mobbing maternal, carecen de una red social o familia extensa que apoye a la mujer. Así pues, la crisis en España agrava esta situación social y laboral de la joven madre desempleada, poniéndola al borde de la exclusión social.

Dónde es más frecuente

Según los resultados de las atenciones de la fundación, el “mobbing maternal” se ejerce en España en un 60% en PYMES, un 19% en la empresa pública, un 17% en grandes empresas y empresas multinacionales y un 4% en empresas familiares.

Según el CSIC, el 60% de las mujeres han visto reducir su actividad laboral o interrumpir su trabajo o ascenso, a causa de su maternidad. Entre el 50-60% de los casos, razones económicas y laborales son las principalmente esgrimidas por las mujeres para no tener más hijos.

El embarazo, un factor de riesgo

Se puede decir que en España, todavía, el embarazo es un factor de riesgo (supone violencia de género para ella en un 25% de los casos) y la maternidad un factor de desigualdad social para la mujer, ésta carece de libertad y estímulo para decidir entre ser madre y/o trabajar, no existe una conciliación real.

Según la Fundación, no es de extrañar que en los últimos 10 años el mayor crecimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo en España se haya dado entre población femenina asalariada. Hasta 6 de cada 10 embarazos de mujeres asalariadas puede acabar en IVEs, según los datos de la fundación, sin embargo, se constata que si se le da apoyo y empleo a la mujer madre, 3 de cada 4 casos que ingresan salen adelante con su embarazo.

Más ayudas “reales” a la mujer

Ante estos datos, y en el contexto de una semana tan representativa que comienza con el Día Internacional de la Mujer trabajadora, Fundación Madrina, señala que “la Administración Pública debe aportar soluciones y alternativas de apoyo reales a las “mujeres madres” trabajadoras, quienes quedan en soledad y desamparo ante esta situación de vulnerabilidad; los datos confirman que el mayor abuso que sufre la mujer es por el hecho de ser madre, y es especialmente vulnerable y excluida laboralmente hasta que sus hijos cumplen los 3 años” como muchas de ellas mismas reconocen.

Las conclusiones del estudio aportan que “el embarazo se ha convertido en un factor de riesgo, y la maternidad en un factor de desigualdad y exclusión social para la mujer madre. La maternidad está convirtiéndose en un producto planificado de consumo o una “commodity”, un recurso escaso y caro, limitado a unos pocos. La consecuencia es que en nuestro país se tiene que importar maternidad con los procesos masivos de adopción, somos el segundo país del mundo G-2 en adopciones internacionales, después de EE.UU. y el primero de Europa”

En cuanto a las consecuencias empresariales y económicas, Fundación Madrina destaca que en España “estamos perdiendo talento femenino, porque la “mujer madre trabajadora” aporta intangibles tan valiosos a la empresa como responsabilidad, productividad, madurez, creatividad y fidelidad, entre otros”. De hecho las principales corporaciones nacionales incorporan talento femenino maternal en sus órganos de dirección.

La familia, una pyme imprescindible

La fundación cree que la familia es la Pyme importante de un país, y debe ser apoyada y protegida desde el Estado y por la sociedad. Se debe invertir en la familia, para generar riqueza y equilibrio macroeconómico y social, testificables en términos de “know how”, patentes, etc. Por el contrario, las políticas cortoplacistas realizadas hasta la fecha de desprotección de la familia y la maternidad solo han generado pobreza, desequilibrios económicos –crisis, seguridad social y pensiones- y baja natalidad, lo que ha provocado que España sea el G2 en adopciones internacionales, es decir, la maternidad se haya convertido en un recurso escaso –una Commodity- que se compra según las leyes de la oferta y demanda en el mercado internacional.

Medidas de apoyo

Fundación Madrina ha propuesto 37 medidas de conciliación y 80 medidas de igualdad, todas ellas de apoyo a la mujer madre y la maternidad, en su entorno laboral, social, de salud, legal y administrativo.

En concreto, desde la Fundación se propone un plan integral de apoyo que abarque la mujer madre, su maternidad y la infancia; un salario base maternal y baja remunerada de hasta 2 años; entre otras medidas sociales, laborales, legales y de salud, que protejan a la mujer y la maternidad como derecho fundamental no supeditado a las leyes de mercado, al capital ni al factor trabajo.

Fundación Madrina

La Fundación colabora en iniciativas humanitarias de ayuda a la mujer, la familia y la infancia. Sus propuestas y programas de apoyo han sido expuestas en diversos parlamentos autonómicos, nacionales e internacionales, la Comisión de Igualdad y Género del Parlamento Europeo, así como en la Real Academia de Medicina de Cataluña.

En la actualidad está llevando a cabo el “Programa Madre” para acoger y acompañar a la mujer madre y adolescentes, embarazadas en dificultad y sin recursos , brindando apoyo y compañía, mediante madrinas, hogares madrina, hogares guardería y trabajo, para que puedan vivir autónomamente con sus bebés.

La fundación, a través de su “programa madre”, genera la red social que le falta a la joven madre, desde los 14 hasta los 45 años, tanto con apoyo de profesionales como de voluntariado. Igualmente, posee un servicio de atención legal y psico-social para apoyar a la mujer madre con problemas laborales o de empleo por causa de su maternidad. A este servicio se accede desde web www.madrina.org/ayuda, email fundacion@madrina.org, o teléfono 902 323 329.

Una iniciativa a la que se han acogido más de 4.000 mujeres y que ha atendido más de 133.000 llamadas telefónicas, 41.000 e-mails y 53.000 sms, creando un servicio de ayuda SOS integral en los teléfonos 902 323 329 y 91 449 06 90, y web www.madrina.org .