En concreto, Teruel señaló que es necesario subir el IVA para mejorar la competitividad y compensar las cuotas de la Seguridad Social, pues este impuesto ha de jugar un papel de “dinamizador”, a la vez que apostó por revisar las condiciones de concesión y cuantías del seguro de desempleo “para evitar sus efectos desincentivadores sobre el trabajo y la proliferación de conductas fraudulentas”.

Así, abogó por hacer efectiva la retirada de la prestación a aquellos desempleados que rechacen “dos o tres” propuestas de trabajo, ya que en la actualidad las sanciones casi nunca se aplican porque la legislación establece que deben ser “propuestas de trabajo adecuadas”, un concepto que no queda suficientemente claro.

Asimismo, Teruel propuso a los partidos políticos que disminuyan las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por parte de los empleadores, que modifiquen el sistema de liquidación trimestral o mensual del IVA, que reduzcan la tributación de los beneficios no distribuidos, e incluso, que agilicen las devoluciones de los créditos fiscales.

Del mismo modo, consideró necesario reducir el Impuesto de Sociedades para las pymes y luchar contra el fraude fiscal, mientras que en materia laboral, subrayó la importancia de reducir el absentismo, acometer una “rápida” y “profunda” reforma de la negociación colectiva, adecuar la evolución salarial a las ganancias de productividad, o simplificar los contratos.

Financiación de las pymes.

Por otra parte, el dirigente de las Cámaras remarcó la necesidad de facilitar el acceso al crédito a las pymes y de “dignificar” la figura del emprendedor. Con la intención de situar a las empresas españolas al nivel de sus competidoras europeas, expuso cinco planes a nivel nacional para apoyar el papel de los emprendedores: la iniciación de las compañías a la exportación, la potenciación de la innovación y la transferencia tecnológica a las pymes, la iniciación al mundo laboral y, sobre todo, el acceso a la financiación.

Para Teruel, es necesario culminar “cuanto antes” el proceso de recapitalización del sistema financiero, y que así las empresas recuperen su capacidad para desempeñar su actividad sin que les falte financiación. No obstante, reconoció que el Acuerdo de Capital de Basilea III es “injusto” con la banca española, porque la obliga a tener una serie de recursos “bloqueados”, por lo que matizó que es “papá Estado” quien debe regular el crédito o por la vía pública o mediante aportaciones a las entidades destinadas directamente a las empresas.

Según él, si se quieren mantener los logros sociales actuales es necesario incorporar al mercado laboral a los cinco millones de parados, ya que 47 millones de ciudadanos con beneficios sociales no pueden ser sustentados por 13 millones de trabajadores. “Ese ratio es horrible”, apuntó el presidente de las Cámaras.

Gómez dice que los parados no rechazan ofertas porque no hay.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, negó ayer que el cobro del subsidio por desempleo suponga un desincentivo para el trabajo, ya que cree que en estos momentos no existen ofertas de empleo que los parados puedan rechazar. El ministro respondía así a la propuesta de las Cámaras. “Durante la crisis el problema no es que se rechacen ofertas, sino que no hay”, señaló antes de su intervención en unas jornadas organizadas por UGT. Además, Gómez recordó que la penalización por desestimar una oferta de empleo adecuada cuando se está cobrando el paro ya está prevista en la legislación laboral. “No tiene sentido insistir en estas políticas cuando lo que necesitamos es crear empleo”, añadió.

Esto hará que se retraiga el consumo, la principal causa del desplome de la recaudación del IVA en el último año, y sea difícil que con el alza de este impuesto, que entra en vigor el próximo jueves, el Gobierno cumpla su objetivo de recaudar 5.150 millones de euros anuales, según explicaron los técnicos en rueda de prensa.

A partir de este jueves, cuando el IVA general suba al 18% y el reducido, al 8%, según los cálculos de Gestha, Hacienda obtendrá más ingresos principalmente gracias a la actividad de 3.249 grandes empresas, que aportarán casi el 60% de la recaudación adicional. Y todo ello, advirtieron, en un país que, después de Grecia, es el de la zona del euro que menos rendimiento extrae del IVA, ya que en 2009 de cada 100 euros destinados por los hogares a consumo privado, Hacienda sólo recaudó 6,4 euros con este impuesto, cuando hace dos años, recaudaba tres euros más.

Por eso, Gestha rechaza en un informe sobre el impacto de las crisis en la recaudación por IVA, que el frenazo inmobiliario o la recesión hayan sido los causantes del desplome de la recaudación de más de 23.000 millones entre 2007 y 2009.

El “parón” inmobiliario, dijeron, sólo justifica una pérdida de los ingresos por IVA del 10 por ciento, por lo que creen que ha sido más determinante “la evasión fiscal y la eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude”. Un esfuerzo clave si se tiene en cuenta que, según las cifras de los técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros anuales, el 23,3 por ciento del PIB y diez puntos porcentuales por encima del resto de Europa. De hecho, explicaron que si en España las cifras de economía sumergida fueran “similares” a las del resto de Europa, se podrían recaudar anualmente unos 38.500 millones.

España, criticaron, es “un balneario fiscal” para los que “nunca pagan”, por eso, insistieron en que hay que conseguir que paguen los que nunca lo hacen en un país en el que parece que “los que más defraudan, están impunes”.

En cuanto al caso de las 1.500 fortunas españolas con cuentas en Suiza, los técnicos insistieron en el “doble rasero” por el trato que reciben estos titulares frente al resto de contribuyentes españoles. En su opinión, “se les está dando una segunda oportunidad para que presenten las declaraciones cuando va a vencer el plazo para la declaración de la renta y (por tanto) no va a dar tiempo de realizar investigación sobre ellos”.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno decida modificar el IRPF, los técnicos de Hacienda consideraron que posiblemente el Ejecutivo aún no haya tomado una decisión en firme porque estará viendo los acuerdos que necesita alcanzar para los próximos presupuestos.

Por eso, las declaraciones en las que el secretario de Economía, Carlos Ocaña asegura que habrá “pequeños ajustes” son “posiblemente una estrategia para recabar los votos que necesita para esos presupuestos”, añadieron los técnicos de Hacienda.

Se trata de sondear el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes o de la izquierda parlamentaria, por eso, dijeron, “esta gran demora frente a los ejecutivos autonómicos que ya han optado por subidas del IRPF”.

Gestha reprocha que la “normativa tan laxa” de España con los que tienen (mucho) dinero e insta a subir al 45 o al 46% la retención para las rentas superiores a 100.000 euros.

Proponen además que se prohíban las ventas en posiciones cortas contra la deuda pública española, ya que suponen un sobrecoste en la financiación del Estado superior a los 1.400 millones de euros.

También abogan por aumentar cinco puntos el tipo impositivo de 300 entidades bancarias para recaudar 1.400 millones al año, recuperar el Impuesto de Patrimonio para obtener 1.240 millones o modificar la ley española de Instituciones de Inversión Colectiva.

Salgado, que compareció ayer tras la reunión del Consejo por enfermedad de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, descartó cambios en ese tipo, que se aplica al pan, la leche y el queso, los huevos, las frutas, verduras y legumbres, los libros, discos y periódicos y los medicamentos: “El Gobierno no va a plantear modificaciones en el tipo superreducido”. Nada dijo, sin embargo, sobre el otro tipo reducido que existe en España, el 7%, que grava la vivienda, el transporte y la hostelería, entre otros. Esa omisión y el dato que aportó de que el 50% de la recaudación del IVA procede de los tipos reducidos abren la puerta a una subida de ese 7%, además del 16% general.

La ministra no confirmó si la subida será de dos puntos, como ha sugerido en sus reuniones con los grupos parlamentarios de izquierda, pero sí subrayó que España es el segundo país comunitario con menor recaudación de IVA en relación con el producto interior bruto (PIB). Más allá de que el tipo sea más bajo que la media de la Unión Europea (casi el 20%) y que haya muchos productos afectados por un gravamen reducido, el elevado nivel de fraude en España hace que el peso del IVA sobre la riqueza sea menor (representa casi el 5% del PIB).

El aumento de este tributo y del tipo que grava las rentas del capital constituyen “el núcleo” de la reforma impositiva que ultima el Gobierno, según Salgado, que obvia una de las medidas más voluminosas de ese giro fiscal: la retirada de la deducción de 400 euros en el IRPF, que devolverá a las arcas públicas más de 4.000 millones de euros al año.

La idea de subir el IVA cuando flaquea el consumo va en contra del criterio defendido por los propios técnicos de Hacienda, que no se oponen a un aumento de la tributación pero recelan de aplicarlo ahora. Consciente de que el incremento de esta figura impositiva contradice el mensaje inicial sugerido por el ministerio, la vicepresidenta habló de la necesidad de hacer “un gran ejercicio de energía y de explicación” para trasladar a los ciudadanos la subida de impuestos. “Queremos que entiendan que es necesario para atender las necesidades corrientes de gasto social”, recalcó.

Sólo tres países de la Unión Europea (Reino Unido, Luxemburgo y Chipre) tienen un IVA general más bajo que España, un punto inferior. La mayoría se sitúa en torno al 20%. Los tipos más altos se dan en los países nórdicos, especialmente en Dinamarca y Suecia, que aplican un 25%. En términos de recaudación sobre PIB, España es la penúltima de Europa tras Luxemburgo, según dijo Salgado.

La mayor parte de los expertos aboga por elevar el IVA para tratar de recomponer las esquilmadas arcas públicas. Subir dos puntos el tipo general reportaría unos 6.000 millones de euros adicionales, aunque este cálculo se basa en la recaudación del año 2008, posiblemente mejor que la que se registre en 2010, todavía sin superar la crisis. Con ese supuesto, la ganancia sería inferior, incluso podría neutralizarse si se deprime el consumo.