Letra de cambio.

Las administraciones públicas tendrán que pagar sus facturas en el plazo de un mes o abonar intereses y gastos de demora, según una propuesta que presentó hoy la Comisión Europea (CE) para combatir la “enfermedad” de la morosidad en los pagos.

El objetivo de la medida es combatir el exceso de morosidad en el pago de facturas que sufren las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tanto por parte de las administraciones como de otras compañías privadas.

Los pagos tardíos ascienden a 1.900 millones de euros en toda la UE, de los que 1.200 millones corresponden a las administraciones públicas y 700 millones a empresas, señaló el comisario europeo de Empresa e Industria, Günter Verheugen, en conferencia de prensa.

El retraso en los pagos “se ha convertido en una enfermedad”, dijo el comisario, quien recalcó que “en una economía en crisis no podemos permitir esta situación”, ya que causa “un efecto dominó” en otras empresas y en el conjunto de las economía.

Verheugen citó un estudio realizado en Suiza según el cual el 7 por ciento de las quiebras empresariales se deben al retraso en los pagos.

La propuesta incluye que los poderes públicos tendrán que pagar el importe en un máximo de 30 días tras recibir la factura o bien abonar de forma automática una indemnización fija del 5% del importe, además de intereses.

Además, las empresas tendrán derecho a automático a recibir intereses de demora y el reembolso de los costes de cobro.

El comisario dijo que los retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas se deben a “mala gestión, abuso de poder y mala fe hacia las pymes”.

En cuanto a los pagos tardíos por parte de las empresas, Verheugen dijo que se prohibirá que en los contratos haya cláusulas que establezcan que no se paguen intereses aunque haya retrasos.

La propia CE se aplicará sus medidas, ya que el Ejecutivo comunitario se retrasa actualmente en el 20% de sus pagos, por lo que a partir de octubre formalizará en un máximo de 20 días los pagos anticipados para iniciar proyectos y en un máximo de 30 las facturas completas.

La CE espera que esta propuesta sea aprobada rápidamente por el Consejo y por el nuevo Parlamento Europeo que surja de las elecciones de junio, de forma que pueda entrar en vigor en 2010.

La propuesta fue acogida favorablemente por la federación de cámaras de comercio EuroChambres, ya que a pesar de su “alcance limitado”, representa “un paso importante para dar ayuda concreta a las empresas europeas, especialmente las pequeñas”.

Las empresas, “en estos tiempos de crisis, están asfixiadas por los retrasos en los pagos y la dificultad para acceder al crédito”, añadió EuroChambres.